Ricardo Guerrero no perdió su hogar por un desastre natural, sino por un fenómeno mucho más destructivo y silencioso: la corrupción inmobiliaria. Según su testimonio, un entramado de complicidad en la alcaldía Benito Juárez, conocido como el “Cártel Inmobiliario”, ha provocado un “sismo” que ha dañado su patrimonio y el de miles de familias. La historia de Guerrero es una denuncia contra un sistema que, lejos de proteger a los ciudadanos, encubre una red criminal que opera a plena vista.
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Un fraude “institucional” que ha dañado a miles
En una entrevista con AMEXI, Ricardo Guerrero relata la historia de una lucha de más de una década. Su calvario comenzó con la construcción de un edificio en la calle 5 de Febrero, 1073, colonia Américas Unidas, en Benito Juárez. Esta edificación ilegal ha causado daños estructurales en su casa, al grado que hoy le es difícil habitarla. “Mi caso es solo el inicio de un problema mucho más grande”, afirma, y señala que este patrón se repite en más de 3,000 edificaciones irregulares en la demarcación.
Guerrero expone la mecánica de este esquema de corrupción. El edificio que daña su vivienda, por ejemplo, fue autorizado con una “visita técnica ocular” sin la firma de un perito. Esta omisión, según él, es la prueba de un “fraude administrativo”. Además, la construcción se excedió en 161 metros cuadrados. “Se robaron estos metros a las construcciones aledañas”, explica Guerrero, denunciando que esta es una táctica para devaluar las propiedades vecinas y forzar su venta. Con esta estrategia, los desarrolladores se ahorran “8 o 10 millones de pesos por cada casa” que logran destruir a través del daño estructural.
El “blindaje” del Cártel Inmobiliario
El denunciante afirma que el poder de esta red criminal reside en la impunidad que le brindan las propias instituciones del Estado. La Contraloría, el Tribunal de Justicia Administrativa y la Fiscalía, en lugar de impartir justicia, han protegido y encubierto las irregularidades. “Todo el sistema está controlado”, lamenta. Guerrero presentó pruebas de cómo el Ministerio Público se abstuvo de investigar su caso.
La Contraloría de Benito Juárez ha desestimado sus denuncias en múltiples ocasiones. Incluso la Contraloría General de la Ciudad de México, bajo la dirección de Juan José Serrano, defendió tres veces que no había irregularidad alguna. La Fiscalía, por su parte, ha bloqueado el proceso judicial alegando que no cuenta con “peritos especialistas en estructuras” para cuantificar los daños. En un acto que Guerrero considera el colmo, una jueza le recomendó que él mismo pagara el peritaje.
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Consecuencias mortales y un futuro de colapsos
La corrupción inmobiliaria no solo afecta el patrimonio; también tiene un costo humano. “La corrupción mata”, sentencia Guerrero. El estrés de su situación provocó el deterioro de la salud de su madre, quien falleció 33 días después del sismo de 2017. La Fiscalía, al alargar los plazos, permitió que el historial médico caducara, dejando su muerte en la impunidad. “Todo queda impune ¿por qué? Porque todo lo hacen al infinito”, declara con frustración.
Además, la situación representa un “fraude inmobiliario” masivo. Cerca del 80% de los compradores de estos departamentos no saben que sus propiedades son ilegales. En caso de un sismo, las aseguradoras podrían negarse a pagar, ya que los edificios no cumplen con la “normatividad de la separación de colindancias sísmicas”.
Una victoria legal que destapa una impunidad sistémica
A pesar de la protección sistémica de la que goza el cártel, Ricardo Guerrero ha logrado una victoria legal. En mayo de 2022, la alcaldía Benito Juárez perdió el primer caso administrativo después de tres amparos. La sentencia la obliga a pagar los daños y perjuicios. Sin embargo, el proceso de resarcimiento se ha demorado por casi dos años, una estrategia para “alargar todos los plazos” y desgastar al denunciante.
Un peritaje reciente sobre la casa de Guerrero advierte el “riesgo constante de una fractura estructural y posible colapso parcial o total” en caso de un sismo. Ante la existencia de más de 3,000 edificios ilegales en la alcaldía, el denunciante advierte que un sismo fuerte provocará el colapso de estas construcciones de “pésima calidad”. La responsabilidad, concluye, será “directa de la alcaldía Benito Juárez y de todos los cómplices”.
