CDMX.- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó que los seis mexicanos que viajaban en la Global Sumud Flotilla (GSF) —interceptada por fuerzas armadas israelíes cuando intentaba llevar ayuda humanitaria a Gaza— serán trasladados a la prisión de Ketziot, en Israel.
En contraste, una mexicana que formaba parte de la embarcación de apoyo legal de la flotilla se encuentra rumbo a Chipre, informó la dependencia.
Interceptados y detenidos por el régimen de Netanyahu
Los connacionales fueron llevados bajo custodia al puerto de Ashdod, donde personal de la embajada mexicana acudió para verificar sus condiciones, exigir acceso consular y solicitar que se respete su seguridad, en apego al derecho internacional.
El gobierno mexicano reconoció que hasta ahora se han enviado cuatro notas diplomáticas a Israel y se han sostenido reuniones con funcionarios de su Ministerio de Relaciones Exteriores. La exigencia central es garantizar la integridad física y jurídica de los mexicanos y permitir su repatriación inmediata.
México insiste: la ayuda humanitaria no es delito
La cancillería, a cargo de Juan Ramón de la Fuente, subrayó que desde la salida de la flotilla el pasado 2 de septiembre desde Barcelona ha mantenido comunicación constante con los participantes y sus familias.
En su comunicado, la SRE enfatizó que la asistencia humanitaria no puede criminalizarse:
“La SRE reitera que la asistencia humanitaria no significa la comisión de delito alguno, por el contrario, constituye una obligación para todas las partes en conflictos armados y es una expresión de la solidaridad de la comunidad internacional.”
Una crisis diplomática en desarrollo
El traslado de los seis mexicanos a un penal de alta seguridad pone a prueba la capacidad de presión diplomática del gobierno de México frente al régimen de Benjamin Netanyahu, que ha sido duramente cuestionado por la comunidad internacional por la violencia sistemática contra la población civil en Gaza.
Mientras tanto, organizaciones humanitarias y sectores de la sociedad civil mexicana exigen que el caso no se reduzca a trámites diplomáticos, sino que se denuncie ante instancias internacionales como un abuso contra defensores de la paz y la ayuda humanitaria.
