CDMX.- La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, aseguró en entrevistas televisivas que grupos del crimen organizado —incluidos cárteles, pandillas y lo que describió como “organizaciones terroristas”— han establecido recompensas por el secuestro y el asesinato de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), con montos que, según la funcionaria, van de 2,000 a 10,000 dólares.
“No tenemos otra información más que la inteligencia que describe cómo esta gente se organiza, recluta a más personas para atacar a oficiales y hace planes para emboscarlos y matarlos”, afirmó Noem en una de sus apariciones en cadenas conservadoras, donde advirtió que incluso se han divulgado fotografías y datos personales de agentes entre redes delictivas.
Lo que dijo Noem y lo que queda por comprobar
La funcionaria detalló que las recompensas oscilan entre 2,000 dólares por secuestrar a un agente y 10,000 dólares por matarlo, y aseguró que hay agentes cuyo “precio” ha sido publicado por estos grupos. Noem agregó que el Departamento de Seguridad Nacional protegerá la identidad y los detalles operativos del personal para garantizar su seguridad.
Gangs, cartel members, and known terrorist organizations have placed bounties on the heads of several of our law enforcement officers.
These violent riots are not about free speech. This is the rule of law vs. anarchy.
We will win. pic.twitter.com/QCVHKt0nfy
— Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) October 5, 2025
Varios medios que difundieron la declaración aclaran que Noem no identificó públicamente a los cárteles, pandillas u organizaciones concretas ni presentó pruebas públicas de los montos o de la autoría de esas recompensas, por lo que la acusación, si bien preocupante, queda sujeta a verificación por parte de agencias independientes y medios de investigación.
Contexto: incidentes y tensiones recientes
Las declaraciones de Noem llegan en un contexto de creciente tensión entre fuerzas federales y sectores críticos a las operaciones de inmigración. En días recientes, autoridades federales reportaron incidentes como el acorralamiento de agentes por vehículos y protestas frente a instalaciones; la misma administración ha reforzado despliegues en zonas como Chicago y otras ciudades donde se han documentado enfrentamientos entre manifestantes y operativos federales.
Fuentes conservadoras afirman además que ha habido un aumento “sin precedentes” en agresiones contra agentes de ICE en los últimos meses, estadística que la secretaria ha usado para justificar medidas de protección y refuerzos. No obstante, analistas y medios independientes piden datos concretos y detallados para corroborar incrementos porcentuales y vincularlos a campañas de extorsión o “bounties”.
Reacciones y dudas
Organismos de prensa y analistas señalaron la gravedad de la acusación, pero insistieron en la necesidad de evidencia pública —informes de inteligencia desclasificados, comunicaciones interceptadas o pruebas materiales— que permitan confirmar la existencia y cuantía de las supuestas recompensas. Algunos medios han reportado la declaración tal cual y han pedido aclaraciones al DHS; otros han subrayado que Noem no especificó nombres ni ofreció la documentación que respalde la afirmación.
Por su parte, el DHS indicó que protegerá “los detalles de esos individuos y las operaciones próximas” para garantizar la seguridad de los agentes y el éxito de futuras acciones, y la secretaria enfatizó que esto no se trata de limitar la libertad de expresión, sino de una amenaza directa que excede las protestas públicas.
¿Qué se necesita para profundizar?
Para convertir estas advertencias en hechos comprobables, expertos en seguridad y periodistas solicitan:
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Que el DHS o agencias asociadas presenten evidencia verificable o informes resumidos que permitan evaluar el alcance de las amenazas.
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Coordinación público-privada para proteger datos sensibles y, al mismo tiempo, ofrecer transparencia sobre riesgos reales para la opinión pública.
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Investigación sobre la posible relación entre protestas, doxxing (publicación de datos personales) y campañas de violencia coordinada.
