Las declaraciones de Donald Trump sobre un supuesto ataque militar a gran escala en Venezuela y la presunta captura del presidente Nicolás Maduro han generado una oleada de reacciones internacionales marcadas por la incertidumbre informativa, la falta de confirmación oficial y, en el caso de la derecha radical española, por un discurso celebratorio que elude cualquier matiz legal o humanitario.
De acuerdo con lo difundido por el propio Trump en su red social Truth Social, fuerzas estadounidenses habrían bombardeado distintos objetivos estratégicos en territorio venezolano —incluyendo instalaciones militares en Caracas y otras regiones— y posteriormente habrían capturado y trasladado en avión a Maduro y a su esposa, Cilia Flores. Hasta el momento, no existe verificación independiente que confirme estos hechos, ni pronunciamientos oficiales del Pentágono o de organismos internacionales que respalden la versión del exmandatario estadounidense.
Desde Venezuela, la vicepresidenta Delcy Rodríguez aseguró que el gobierno no tiene constancia del paradero de Maduro ni de Flores, y exigió a Trump una prueba de vida, lo que añade un nuevo nivel de opacidad a una narrativa ya de por sí construida casi exclusivamente desde redes sociales y filtraciones a medios estadounidenses.
En contraste con esta falta de certezas, en España la reacción de la ultraderecha no se hizo esperar. Vox, a través de su líder Santiago Abascal, celebró la presunta captura con un mensaje en el que afirmó que “hoy el mundo es un poco más libre”, alineándose sin reservas con la versión difundida por Trump y presentando una operación militar extranjera —no confirmada y potencialmente violatoria del derecho internacional— como una victoria moral incuestionable.
El partido fue más allá al utilizar el suceso como arma de confrontación interna, vinculando sin pruebas al Gobierno español con el régimen venezolano y recurriendo a un lenguaje de deslegitimación —“mafia sanchista”, “izquierda corrupta”— que reduce un conflicto geopolítico de enorme complejidad a un eslogan partidista. Desde la cuenta oficial de Vox, incluso se acusó a sectores de la izquierda de haber sido “cómplices y beneficiarios” de un supuesto “régimen narcoterrorista”, sin aportar evidencias ni contextualizar las graves implicaciones de una intervención militar extranjera.
Frente a este tono triunfalista, el Gobierno de España adoptó una postura diametralmente opuesta, haciendo un llamamiento a la desescalada, la moderación y la prudencia, subrayando la necesidad de verificar los hechos y evitar discursos que puedan agravar aún más la tensión regional.
El contraste resulta evidente: mientras desde la diplomacia se insiste en la cautela ante informaciones no confirmadas, la derecha radical parece dispuesta a celebrar cualquier desenlace que encaje en su relato ideológico, incluso cuando este se construye sobre bases frágiles, anuncios unilaterales y una preocupante normalización de la violencia como herramienta política.
Por ahora, el escenario permanece abierto y marcado por más preguntas que respuestas. Lo que sí queda claro es que, una vez más, la desinformación, el uso político del conflicto y la instrumentalización del sufrimiento ajeno se colocan en el centro del debate, especialmente desde sectores que dicen defender la democracia mientras aplauden operaciones militares sin control ni transparencia.
