El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela elevó una denuncia formal ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tras los ataques militares ejecutados por Estados Unidos en territorio venezolano durante la madrugada del 3 de enero de 2026, calificándolos como un acto de agresión armado, unilateral y premeditado que rompe abiertamente con los principios fundamentales del derecho internacional.
Desde la Misión Permanente de Venezuela ante la ONU en Nueva York, el Estado venezolano señaló que fuerzas militares estadounidenses bombardearon de manera simultánea zonas civiles y militares en Caracas, así como en los estados Miranda, Aragua y La Guaira, mediante el uso de aviación, helicópteros y tropas especiales. Para el gobierno venezolano, estos hechos no solo constituyen una violación directa de la soberanía nacional, sino una amenaza concreta a la paz regional en América Latina y el Caribe.
#COMUNICADO | El ministro de Relaciones Exteriores de #Venezuela, Yván Gil, informó que ante la agresión criminal cometida por el gobierno de los EE.UU. en contra de Venezuela, se solicitó una reunión urgente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, responsable de hacer… pic.twitter.com/iKH7D7vDBC
— teleSUR TV (@teleSURtv) January 3, 2026
En su comunicación, Venezuela sostiene que la ofensiva fue reconocida y publicitada por el propio gobierno estadounidense, confirmando su carácter deliberado y su desprecio por la Carta de las Naciones Unidas, en particular por el artículo 2, que prohíbe el uso de la fuerza contra Estados soberanos. El documento denuncia que esta operación responde a una lógica de guerra colonial, cuyo objetivo sería destruir el orden republicano venezolano e imponer un cambio de régimen que facilite el control extranjero de los recursos estratégicos del país, especialmente el petróleo.
El Gobierno venezolano rechaza de manera tajante el relato de “restauración democrática” promovido desde Washington y replicado por sectores de la derecha internacional, señalando que este tipo de discursos han sido históricamente utilizados para justificar invasiones, golpes de Estado y saqueo de recursos en el Sur Global. En este contexto, acusa a Estados Unidos de reafirmar su papel como principal agresor internacional de la región durante los últimos dos siglos.
Ante la magnitud de la agresión, Venezuela invocó el artículo 51 de la Carta de la ONU, reservándose el derecho pleno a la legítima defensa para proteger a su población, su territorio y su independencia política. Asimismo, exigió al Consejo de Seguridad una reacción inmediata que vaya más allá de declaraciones formales, incluyendo la convocatoria urgente de una reunión de emergencia, la condena explícita de la agresión estadounidense, el cese inmediato de los ataques armados y el establecimiento de mecanismos de responsabilidad internacional.
Finalmente, el Gobierno venezolano advirtió que la inacción o el silencio de los organismos multilaterales frente a estos hechos sentaría un precedente extremadamente peligroso, normalizando el uso de la fuerza como herramienta de imposición política. Por ello, llamó a los Estados miembros de la ONU a asumir una postura clara y a defender el derecho internacional no como un principio retórico, sino como una barrera real frente al retorno del intervencionismo y la violencia imperial.
