CDMX:- En México, al parecer, hay delitos que cruzan fronteras… pero las consecuencias no siempre los siguen. Mientras en Estados Unidos un líder religioso cumple una condena por abuso sexual de menores, en territorio mexicano la institución que encabezó mantiene intacto su registro oficial.
La ecuación es simple, aunque suene extraña: culpable allá, vigente aquí.
El líder cae, la estructura permanece
La Secretaría de Gobernación confirmó que la iglesia La Luz del Mundo conserva su registro en México, pese a que su dirigente, Naasón Joaquín García, fue condenado en California a más de 16 años de prisión tras declararse culpable en 2022.
La secretaria Rosa Icela Rodríguez lo explicó sin rodeos: el problema es del ministro, no de la iglesia.
Traducido a términos prácticos: el líder está suspendido, pero la maquinaria sigue operando.
Suspensión selectiva (o cómo aislar el problema)
Según Gobernación, Naasón tiene suspendidos sus derechos como ministro de culto en México debido a su situación legal en el extranjero. Sin embargo, la asociación religiosa como tal “tiene registro desde hace mucho tiempo” y, por lo tanto, continúa vigente.
Porque claro, si algo ha demostrado la historia reciente es que las instituciones no tienen nada que ver con quienes las dirigen.
O al menos eso parece sostener el criterio administrativo.
Cuando la justicia depende del código postal
El caso de Naasón no es menor. Fue detenido en 2019 y procesado en Estados Unidos por delitos graves relacionados con abuso de menores, un proceso que derivó en una sentencia firme.
Allá hubo investigación, juicio, culpabilidad.
Acá, en cambio, la respuesta parece resumirse en una especie de nota al pie: “el líder está suspendido”.
Sin mayores consecuencias estructurales. Sin revisión de fondo. Sin ruido institucional.
Como si los delitos fueran menos delitos dependiendo del país en el que se juzgan.
El arte del deslinde
La postura oficial se sostiene en un principio técnico: El gobierno actúa con base en la información que le proporcionan las autoridades competentes. Y en este caso, esa información derivó en una suspensión individual, no colectiva.
Una solución quirúrgica, casi elegante: cortar la cabeza visible del problema y declarar que el cuerpo sigue sano.
Aunque ese cuerpo haya estado directamente vinculado durante años con quien hoy cumple condena.
Fe, registro y memoria corta
El tema no es únicamente legal, sino también simbólico. ¿Qué implica que una organización conserve su reconocimiento oficial cuando su máximo líder ha sido condenado por delitos de esta magnitud?
Para las víctimas, la respuesta podría ser incómoda.
Para el aparato institucional, parece no ser urgente.
Porque mientras en un país se construyó un caso judicial sólido, en otro basta con suspender credenciales y seguir adelante.
Justicia a medias
La historia deja una sensación difícil de ignorar: no todos los sistemas reaccionan igual ante los mismos hechos.
Y mientras unos avanzan hasta dictar sentencia, otros parecen optar por una versión más… administrativa de la justicia.
Una donde todo cambia para que, en el fondo, nada cambie demasiado.
