Hace cuatro días, exferrocarrileros llevaron a cabo medidas de presión al cerrar tramos fronterizos en Nuevo Laredo y Ciudad Juárez, así como interrumpieron el tramo de Tenosique, Tabasco, del Tren Maya, el tramo de Matías Romero, Oaxaca, del Tren Transístmico y el zócalo capitalino. Estas acciones fueron resultado de la insatisfacción por el incumplimiento de un compromiso gubernamental anunciado en 2022 por el presidente de México, referente a un Proyecto de Justicia Social para los exferrocarrileros afectados por la privatización del sistema ferroviario mexicano.
El Frente Ferrocarrilero de Reconstrucción Sindical (FERRO) llevó a cabo más de 20 acciones de protesta en distintas regiones del país, lo que generó la convocatoria por parte de la Secretaría de Gobernación para una reunión cuatro días después, directamente con su titular, Luisa María Alcalde.
Sin embargo, un hecho lamentable se registró en Matías Romero, Oaxaca, donde José Luis Godines, delegado de FERRO en el sureste del país, fue detenido por miembros de la Marina. La misma SEGOB intervino para gestionar la liberación de este representante de los exferrocarrileros en la región.
Eduardo Canales, presidente de FERRO, denunció que el inicio del Proyecto, justificado por Gobernación bajo la premisa de falta de recursos suficientes, fue puesto en estado indefinido en noviembre pasado. Canales afirmó que esta decisión contradice el compromiso expresado por el presidente de México en sus conferencias matutinas y en diversos encuentros públicos con los ferrocarrileros en los últimos dos años.
En la Ciudad de México, después de cerrar el zócalo, los integrantes de FERRO se dirigieron a la Secretaría de Gobernación, responsabilizando a Luisa María Alcalde de orquestar la detención del proyecto y de contravenir una orden presidencial. La reunión de cuatro días después fue crucial para abordar estas tensiones y buscar soluciones que beneficien a los afectados por la privatización del sistema ferroviario.
