A 17 años de la entrada en vigor de la reforma a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en 2007, los reclamos de trabajadores al servicio del Estado se han intensificado. El motivo: el régimen de cuentas individuales ha demostrado no garantizar una pensión digna. En este contexto, surge una pregunta clave: ¿es jurídicamente y financieramente viable cambiar ese régimen por uno solidario o mixto?
La discusión, que parecía técnica y limitada a especialistas, se ha colado en asambleas sindicales, foros legislativos, universidades, redes sociales y medios de comunicación. En un ejercicio inusual, consultamos a ChatGPT, el modelo de inteligencia artificial desarrollado por OpenAI, para responder esta inquietud, y su análisis ofrece puntos relevantes tanto desde el derecho como desde la política pública.
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— ¡Qué Chingados! (@QueChingadosNew) May 27, 2025
¿Qué es el régimen de cuentas individuales?
La reforma del ISSSTE en 2007 obligó a los trabajadores de nuevo ingreso a optar entre dos esquemas de jubilación:
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Décimo transitorio, con características del viejo sistema de reparto (pensión definida con base en salario y años trabajados).
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Cuentas individuales, donde el trabajador aporta a una AFORE y su pensión dependerá del monto ahorrado, la rentabilidad del fondo y la esperanza de vida.
Este segundo régimen, de corte privatizador, trasladó el riesgo de pensión del Estado al individuo. En los hechos, miles de trabajadores con más de 15 o 20 años de servicio enfrentan hoy una expectativa de retiro con pensiones de entre el 20 y 30% de su último salario, sin certeza de que el ahorro alcance para cubrir su vejez.
¿Es posible cambiar este modelo?
Sí. Pero no basta con voluntad política. De acuerdo con ChatGPT, “transitar hacia un sistema solidario o mixto de pensiones implicaría un proceso complejo pero realizable, que requiere reformas legales, respaldo financiero y un nuevo pacto social entre Estado, trabajadores y sociedad”.
A continuación se detalla cómo podría lograrse este cambio:
1. Reforma legal y constitucional
La base legal del régimen de cuentas individuales está en la Ley del ISSSTE (reformada en 2007) y en la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (SAR). El primer paso sería una modificación legislativa que:
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Elimine o reformule el artículo 10 Bis y disposiciones subsecuentes de la Ley del ISSSTE que crearon el PENSIONISSSTE como AFORE pública.
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Derogue el esquema obligatorio de cuentas individuales para nuevos trabajadores.
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Reconozca el derecho a una pensión suficiente, digna y proporcional al salario, en línea con el Artículo 123 constitucional y los convenios internacionales de la OIT que México ha firmado.
Esto requiere mayoría absoluta en ambas cámaras del Congreso de la Unión, y en caso de reforma constitucional, también la aprobación de al menos 17 congresos locales.
2. Evaluación actuarial y financiera
Modificar el régimen sin afectar la viabilidad financiera del Estado implica una evaluación actuarial rigurosa. Esta evaluación debe responder:
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¿Cuánto costaría garantizar una pensión solidaria mínima para los trabajadores activos?
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¿Cómo absorbería el Estado las obligaciones adquiridas con las AFORES?
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¿Qué impacto tendría en el presupuesto federal y en los recursos de PENSIONISSSTE?
Una posible solución sería crear un fondo de transición, financiado con:
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Aportaciones extraordinarias del Estado.
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Parte del superávit primario anual.
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Uso de reservas del Banco de México o impuestos progresivos temporales.
Además, México podría estudiar la renegociación de contratos con AFORES y establecer reglas claras de migración al nuevo sistema para quienes lo deseen.
3. Opciones de modelo: solidario, mixto o escalonado
Los expertos proponen distintos modelos que podrían implementarse:
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Régimen solidario puro: basado en la solidaridad intergeneracional, como antes de 2007. Los trabajadores activos financian las pensiones de los jubilados, con el respaldo del Estado.
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Modelo mixto: combina una pensión básica garantizada por el Estado con un componente complementario de ahorro individual voluntario.
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Modelo escalonado: establece un sistema progresivo donde trabajadores con salarios bajos obtienen pensiones definidas, mientras los de altos ingresos aportan más al componente individual.
En todos los casos, se recomienda mantener el control público del sistema, evitar la participación de intermediarios financieros con fines de lucro, y asegurar mecanismos de gobernanza participativa.
4. Construcción de consenso social y político
Cambiar el sistema de pensiones no es sólo una cuestión técnica. Requiere una transformación del pacto social. Para ello es imprescindible:
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Impulsar consultas amplias con sindicatos, académicos, trabajadores y jubilados.
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Promover movilización social informada que exija el derecho a una vejez digna.
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Desmitificar las “bondades” de las AFORES a través de campañas de educación financiera crítica.
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Presionar políticamente al Congreso, en un contexto en el que partidos como Morena, PT y PVEM tienen mayoría legislativa, lo cual facilitaría la aprobación de reformas profundas si existe voluntad real.
5. Casos internacionales: lecciones y advertencias
México no estaría solo. Varios países han revertido o reformado sus sistemas privatizados de pensiones:
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Argentina (2008): nacionalizó los fondos privados y volvió a un sistema público solidario.
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Bolivia (2010): recuperó la administración estatal del sistema de pensiones y creó la Gestora Pública.
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Chile (2023): tras años de protestas sociales, aprobó una reforma que crea un fondo solidario y obliga a las AFP a entregar parte del control.
Estas experiencias muestran que sí es posible cambiar, pero también alertan sobre los desafíos: resistencia del sector financiero, vacíos técnicos y falta de transparencia.
¿Y si no se hace nada?
Si el Estado no actúa, la mayoría de los trabajadores afiliados al ISSSTE entre 2007 y 2024 se jubilarán con pensiones miserables, apenas mayores al salario mínimo. Esto puede detonar una crisis social silenciosa: miles de adultos mayores en pobreza, exclusión y sin acceso a salud.
Peor aún, el descrédito del sistema de pensiones podría extenderse al resto de las instituciones públicas, profundizando la desconfianza hacia el Estado.
Conclusión
Sí, se puede cambiar el régimen de jubilación del ISSSTE. El camino es largo, pero viable. Requiere una reforma legal con visión de justicia social, una estrategia financiera inteligente y un movimiento social articulado que ponga la dignidad por encima del negocio.
La inteligencia artificial lo dice claro. Ahora, falta que los actores políticos y sociales actúen.
