Oaxaca.- La propuesta del “Programa de Certeza Jurídica de la Tierra para la Seguridad y Bienestar del Patrimonio” en Oaxaca ha desencadenado una crisis de preocupación a nivel global. Comunidades indígenas de la Sierra Juárez alertan sobre la inminente amenaza a los últimos pulmones del planeta, así como al modelo de justicia social funcional en México.
Este proyecto, aparentemente destinado a brindar seguridad a las propiedades, ha desencadenado una serie de solicitudes y demandas por parte de los habitantes originarios. Piden la intervención de organismos internacionales de derechos humanos y exigen acciones del Poder Ejecutivo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Procuraduría Agraria para detener esta posible privatización de tierras comunales.
Las comunidades argumentan que la propiedad comunal es un derecho humano fundamental, incluso más sólido que la propiedad privada, y han hecho hincapié en la importancia de esta forma de tenencia de la tierra para la biodiversidad y la seguridad comunitaria en la región.
Además, destacan la ausencia de reconocimiento a sus contribuciones económicas al Estado y las deficiencias en servicios básicos como atención médica y educación. Esto subraya la necesidad de proteger la autonomía y la gobernanza comunitaria.
Líderes comunitarios han llamado a la acción a los Núcleos Agrarios de la región para evitar lo que consideran un ecocidio y un genocidio cultural. Se solicita respeto a los derechos humanos, la derogación del programa y la intervención urgente de organismos internacionales para proteger sus territorios ancestrales.
Esta confrontación entre la propuesta del programa y la resistencia de las comunidades indígenas podría ser un punto de inflexión crítico para la preservación de estas tierras únicas en su biodiversidad y modelo de convivencia comunal.
