Ciudad de México.- A 57 años de la masacre de Tlatelolco, la violencia estatal volvió a hacerse presente en las calles de la capital. Lo que debía ser una jornada de memoria y protesta pacífica se convirtió en un escenario de confrontación marcado por la represión policial, la omisión de responsabilidades y la narrativa oficial que insiste en culpar a los manifestantes.
El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto, se apresuró a calificar los hechos como “una gran provocación” contra la policía, asegurando que lo que algunos “hubieran querido” era que la nota titulara: “Después de 57 años vuelve a haber represión contra jóvenes”. Con ello, el funcionario no solo desvió la atención de las denuncias documentadas contra la fuerza pública, sino que buscó convertir la agresión policial en un tema de cálculo político.
La policía, protagonista de la violencia
El despliegue de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) fue masivo: 1,500 policías de distintos cuerpos, acompañados de paramédicos y personal de tránsito, fueron enviados para “contener” la marcha. Aunque el titular de la dependencia, Pablo Vázquez, insistió en que se trató de un operativo de encauzamiento, en los hechos abundan testimonios y registros de brutalidad.
Los cuerpos policiales utilizaron gas lacrimógeno contra los asistentes, golpearon a manifestantes y periodistas, y agredieron a personas que ni siquiera pertenecían al llamado “bloque negro”. Karen, estudiante de 20 años de la UNAM, relató cómo fue golpeada por un uniformado mientras intentaba auxiliar a un joven herido.
Lejos de reconocer estas acciones, Vázquez aseguró que la SSC actuó “bajo protocolos de actuación policial” y prometió, con ambigüedad, que “si hubiera excesos, se investigarán”. Su prioridad, sin embargo, quedó clara: en conferencia, anunció que acudiría a hospitales a visitar exclusivamente a policías heridos, dejando en segundo plano a los civiles afectados.
Un patrón bajo la gestión de Clara Brugada
No es extraño que la policía actúe de manera violenta, provocadora y desproporcionada en el contexto de protestas sociales; más bien, se ha vuelto una regla en la actual administración de la jefa de Gobierno, Clara Brugada. La narrativa oficial niega sistemáticamente la represión, mientras acumula un historial de agresiones contra manifestantes y comunicadores.
En esta ocasión, mientras las autoridades aseguraban que la “gran mayoría” de los más de 10 mil asistentes marcharon pacíficamente y que los desmanes fueron obra de “350 encapuchados”, omitieron dar cuenta de las violaciones cometidas por sus propios cuerpos de seguridad.
Lesionados y manipulación de cifras
La SSC informó posteriormente que 94 policías fueron trasladados a hospitales, tres de ellos en estado delicado, mientras que 29 civiles recibieron atención prehospitalaria. Sin embargo, no se ofrecieron detalles sobre la identidad ni el estado de las personas agredidas por los uniformados.
El gobierno se apresuró a desmentir rumores sobre la muerte de un policía, pero calló frente a la violencia ejercida contra jóvenes, estudiantes y periodistas. Una vez más, la narrativa oficial protege a la fuerza pública y minimiza las denuncias ciudadanas.
Memoria bajo fuego
El 2 de octubre es una fecha marcada por la represión del Estado mexicano contra la juventud. Que en 2025 se repita la violencia policial contra quienes exigen memoria y justicia confirma que, pese al discurso de “transformación”, las viejas prácticas represivas siguen intactas en la Ciudad de México.
Mientras las autoridades capitalinas se empeñan en decir que “la policía de la Ciudad de México no reprime”, los gases lacrimógenos, los golpes y los testimonios de víctimas demuestran lo contrario.
