En algún punto entre el absurdo burocrático y la distopía cultural, un creador de contenido especializado en cine descatalogado podría acabar en prisión. No por fraude fiscal, no por tráfico ilegal, sino por hablar de películas que nadie más está mostrando.
El protagonista de esta historia —conocido como “El Feo”— es el responsable de La Filmoteca Maldita, un proyecto dedicado a rescatar, contextualizar y analizar cine olvidado. Su contraparte: la entidad de gestión EGEDA, respaldada por el productor Enrique Cerezo, cuya estructura empresarial controla una parte significativa de los derechos del cine español.
La petición: dos años y medio de cárcel, cerca de 870 mil euros de indemnización y, por si quedaba duda, su desaparición total de internet.
Operativo: peligroso sujeto armado con VHS
El origen del caso parece escrito por alguien que confundió un ensayo cinematográfico con una célula criminal. Octubre de 2021: cinco agentes antidisturbios irrumpen en la casa del creador con escudos, escopetas tácticas y un ariete.
El acusado estaba en ropa interior.
No hubo armas. No hubo drogas. No hubo resistencia. Pero sí hubo calabozo.
La escena, más cercana a una redada contra narcotráfico que a una investigación por propiedad intelectual, marca el tono de lo que vendría después: casi cinco años de proceso judicial, incertidumbre constante y una sensación —según el propio creador— de castigo anticipado.
El crimen: 12 mil euros en cuatro años
La acusación sostiene que el proyecto generó lucro indirecto mediante la difusión de cine no autorizado. La cifra clave: 12 mil euros.
Sí, en cuatro años.
Según la investigación, mensajes como “para tu cumpleaños” o “para que te tomes algo” podrían ser en realidad códigos secretos para financiar una red de piratería audiovisual. Una teoría que el propio acusado ha respondido con ironía, señalando que se trata simplemente de donaciones típicas del ecosistema digital.
Pero la clave está en la reforma penal de 2015: no hace falta lucrarse directamente. Basta con beneficiarse “indirectamente”. Y en ese terreno ambiguo, prácticamente cualquier creador en internet podría ser sospechoso.
Salgo del juicio por derechos de autor.
No se ha celebrado. Y hubo un intento de acuerdo.
Me ofrecieron que me declarase culpable y pagar 100.000 euros de responsabilidad civil que no tengo. Así que entraría en prisión un año. En vez de dos y medio.Ofertón!!
No acepte
— La Filmoteca Maldita (@LaFilmoMaldita) January 15, 2025
El problema no es el cine, es quién lo muestra
Aquí es donde la historia deja de ser solo absurda y empieza a ser incómoda.
La persecución de proyectos como Zoowoman coincidió con el lanzamiento de FlixOlé, la plataforma impulsada por Cerezo para explotar comercialmente el cine de catálogo. Una plataforma de pago, claro.
Por un lado, una comunidad que comparte cine que no está disponible en ningún lado.
Por otro, un modelo que busca concentrar esos mismos contenidos bajo suscripción.
La pregunta flota sola: ¿se está protegiendo el derecho de autor… o el modelo de negocio?
Borrar a alguien de internet (como si eso fuera normal)
Más allá de la prisión o la multa, hay un detalle particularmente inquietante: la petición de eliminar absolutamente toda su presencia digital. YouTube, Twitch, redes sociales, Patreon, PayPal.
No solo callarlo.
Borrarlo.
En una era donde la identidad digital es extensión de la vida profesional, la medida suena menos a justicia y más a advertencia.
El detalle incómodo: sí era cultura
La Filmoteca Maldita no era un simple repositorio de películas. Según la defensa, el canal ha abordado cerca de 4,000 títulos, muchos fuera del circuito comercial, con análisis que han llegado incluso a universidades como la UNAM o la Universidad de Buenos Aires.
También impulsó festivales, redes de exhibición y proyectos colectivos en más de 100 ciudades.
Es decir: educación, difusión, comunidad.
Ese tipo de cosas peligrosísimas.
“El cine es nuestro”… hasta que deja de serlo
Mientras el proceso sigue su curso, el creador ha sido claro: se siente “en la cuerda floja”. No solo por la posibilidad de perderlo todo, sino por lo que el caso representa.
Porque si compartir lo que nadie distribuye es delito,
y si analizar lo que nadie exhibe es sospechoso,
y si recibir apoyo de tu comunidad es prueba incriminatoria…
Entonces el problema quizá no sea la piratería.
Quizá el problema sea que el cine, ese que se supone es memoria colectiva,
tiene dueño.
Y no le gusta compartirlo.
