El pliego se divide en tres áreas principales: infraestructura, temas académicos y servicios estudiantiles.
Infraestructura y Obras: En este apartado, los estudiantes solicitan la ejecución inmediata de obras que ya cuentan con presupuesto y autorización. Entre las obras mencionadas se encuentran un techo para el comedor, un gimnasio al aire libre, laboratorios para la carrera de Promoción de la Salud y espacios para mesas de debate para las carreras de ciencia política y derecho. Además, exigen una auditoría sobre la gestión de obras de la administración anterior, específicamente durante el periodo de la exrectora Tania Rodríguez, debido a que, a pesar de contar con recursos, no se cumplieron las funciones asignadas. También solicitan información sobre la contratación de personal sin justificación académica o administrativa y el estado legal de la biblioteca del plantel.
Compromisos Académicos: En el ámbito académico, la comunidad estudiantil exige el inicio inmediato del proceso para abrir la Licenciatura en Derecho en el Plantel Casa Libertad, argumentando que existe una demanda comprobada que ha sido bloqueada de manera injustificada por instancias académicas. Otro punto crucial es la actualización del plan de estudios de diversas carreras, que no han tenido modificaciones en más de 20 años, afectando la calidad y empleabilidad de los egresados. Para ambos puntos, se pide la conformación de comisiones mixtas con participación estudiantil.
Aviso importante: La UACM reanuda clases presenciales el 11 de agosto – ¡Qué Chingados!
Servicios Estudiantiles y Transparencia: Finalmente, los estudiantes demandan una mejora en el servicio de comedor, tanto en la calidad y cantidad de los alimentos como en la capacidad del espacio para atender a la matrícula actual. También solicitan una investigación formal y pública sobre un presunto desvío de recursos en gestiones anteriores, donde se sustituyeron los servicios alimentarios por insumos de baja calidad sin justificación. El documento subraya la necesidad de transparencia y la aplicación de sanciones a los responsables.
El pliego petitorio concluye exigiendo una respuesta formal por escrito en un plazo no mayor a cinco días hábiles, con las firmas institucionales necesarias y sin represalias para los estudiantes. La comunidad estudiantil advierte que este documento representa su voz colectiva y organizada, y que las autoridades han demostrado una “grave omisión de deberes”.
