CDMX.- La empresa Gas Silza, filial de Grupo Tomza y propietaria de la pipa que explotó en el Puente de la Concordia, Iztapalapa, el pasado 10 de septiembre —accidente que hasta ahora ha dejado más de 30 personas fallecidas y decenas de heridos—, enfrenta un historial de irregularidades que incluye 32 expedientes administrativos, informó la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA).
De acuerdo con Armando Ocampo Zambrano, director ejecutivo de la ASEA, al menos dos de estos procedimientos ya derivaron en sanciones económicas que superan los 160 millones de pesos, aunque se encuentran pendientes de resolución en el Poder Judicial Federal.
“De manera particular en el caso del Grupo Tomza, que obviamente son procedimientos que se van sustanciando y, particularmente dos de ellos ya, Presidenta, informar que hemos multado a la empresa prácticamente un poquito más de 160 millones de pesos”, detalló Ocampo.
El funcionario aclaró que las inspecciones en curso generan multas y clausuras, lo que refleja la falta de cumplimiento de la compañía en materia de seguridad y operación.
Nuevas normas de seguridad tras la tragedia
Tras el siniestro, el gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, presentó a través de la Secretaría de Energía (Sener) una serie de normas emergentes que ya fueron enviadas al Diario Oficial de la Federación (DOF).
La titular de la Sener, Luz Elena González, explicó que las disposiciones buscan reforzar los controles de seguridad en la transportación de gas LP. Entre las medidas se contempla que revisiones que antes sólo se realizaban a petición de los permisionarios, ahora deberán llevarse a cabo de manera periódica y obligatoria, con el objetivo de garantizar que las pipas estén en condiciones seguras.
La tragedia en Iztapalapa ha puesto bajo la lupa la actuación de Grupo Tomza y de sus filiales, cuestionando la efectividad de la supervisión y la necesidad urgente de mayores controles en el transporte de combustibles en el país.